El Departamento vasco de Vivienda acaba de poner en marcha una iniciativa pionera en España para incentivar el alquiler y combatir la falta de oferta: el programa Aloka+, presentado por el consejero Denis Itxaso. Este seguro público y gratuito cubre los impagos y desperfectos en viviendas alquiladas dentro de los límites de precio fijados por el índice de referencia en municipios calificados como zonas tensionadas.
Desde los mínimos de 2014, cuando el impacto del estallido de la burbuja llevó los precios a 1.455,8 euros/m², la vivienda se ha revalorizado un 48%. Traducido a cifras más entendibles: un piso medio de 90 metros cuadrados costaba entonces 131.022 euros, frente a los 193.806 euros actuales.
El rebote de septiembre rompe la caída del mes anterior, cuando las compraventas bajaron un 3,4 % tras 13 meses consecutivos de subidas. Agosto, mes marcado por la parálisis estacional, ya había mostrado síntomas de agotamiento en la oferta y un mercado cada vez más condicionado por los altos precios. Los analistas señalan que, aunque septiembre recupera la curva ascendente, el sector podría estar acercándose a un techo estructural.
A pesar de que el parque social ha crecido del 2,5% al 3,4% en los últimos cinco años, España sigue muy lejos del estándar europeo del 8%. Para revertirlo, Gabilondo propone que toda nueva vivienda pública mantenga su calificación de forma permanente, blindando su papel estructural dentro del mercado.
La actividad inmobiliaria en el área metropolitana tiene un peso creciente: concentra casi la mitad de las compraventas y nuevas promociones de toda la provincia, lo que confirma el desplazamiento del dinamismo desde la capital hacia municipios periféricos con mejor equilibrio entre precios, servicios y conectividad.
Bruselas estima que la UE necesitaría una inversión anual cercana a los 300.000 millones de euros en el sector de la construcción para reducir el déficit habitacional y frenar la escalada de precios. Si se cumple el calendario, el plan podría entrar en vigor en febrero, marcando un punto de inflexión histórico: sería la primera vez que la Unión Europea aborda la vivienda como una prioridad social y económica compartida.
El sector del alquiler necesita un equilibrio que devuelva la confianza. Los propietarios deben respetar la ley y los inquilinos deben conocer sus derechos. Y las agencias inmobiliarias, como intermediarias, tienen la obligación de actuar con profesionalidad y transparencia, sin cargar al arrendatario gastos que no le corresponden.
El esfuerzo necesario para acceder a una vivienda en Asturias sigue siendo de los más bajos de España, muy por debajo de la media nacional (7,6 años). Este dato pone de relieve que, aunque el precio de la vivienda nueva ha aumentado, el poder adquisitivo relativo de los asturianos y el nivel moderado de precios mantienen al Principado como una de las regiones más accesibles para la compra de vivienda.
El consumo en los últimos doce meses (sep’24-ago’25) se sitúa en 15.678.993 toneladas, lo que supone un crecimiento del 9,1% respecto al periodo anterior, con un incremento absoluto de 1.310.619 toneladas. Este dato muestra que la demanda interna de cemento se consolida y que el sector de la construcción continúa siendo un motor relevante dentro de la economía española.
Hasta ahora, la interpretación de la Agencia Tributaria era estricta: la deducción podía aplicarse únicamente respecto de las cantidades satisfechas mientras el contribuyente residiera en la vivienda; el derecho desaparecía el mismo día de la venta, y la parte del precio de venta utilizada para cancelar la deuda no computaba como gasto deducible.
