El índice general alcanzó nuevos máximos tras encadenar cinco trimestres consecutivos en zona récord, evidenciando que la actividad inmobiliaria mantiene una inercia positiva. En términos trimestrales, el avance del 2,1% se explica por el buen comportamiento tanto del componente de propiedad como del mercantil, que recoge la actividad empresarial vinculada al ciclo inmobiliario.
Las previsiones apuntan a un año relativamente tranquilo. El Panel de Funcas anticipa que el euríbor podría moverse en torno al 2,15% en los próximos trimestres, mientras que los futuros del mercado lo sitúan ligeramente por encima del 2% durante todo el ejercicio. Algunas entidades financieras, como Bankinter, manejan una horquilla algo superior, entre el 2,25% y el 2,30%, pero en ningún caso prevén oscilaciones bruscas.
Se confirma la preferencia por viviendas de mayor tamaño y con espacios exteriores. De hecho, la superficie media de las viviendas transmitidas en 2025 se situó en 112,7 metros cuadrados, ligeramente superior a la del año anterior. En el caso de los pisos, la media fue de 93,8 metros cuadrados, mientras que las unifamiliares alcanzaron los 172,2 metros cuadrados.
Uno de los argumentos centrales del rechazo ha sido el de Junts, que sostuvo que la redacción del decreto generaba inseguridad jurídica y, en su opinión, avalaba las okupaciones. Desde esta formación se defendió que la protección a inquilinos vulnerables no podía traducirse en una desprotección sistemática de los pequeños propietarios ni en un mensaje ambiguo frente a situaciones de ocupación ilegal.
Hacienda puede entrar a comprobar el valor real del inmueble adquirido cuando exista una discrepancia significativa entre el importe declarado por el contribuyente y el valor fijado en la tasación hipotecaria. Y lo hace apoyándose en el artículo 57.1.g) de la Ley General Tributaria, que permite utilizar como medio de comprobación el valor asignado para la tasación de fincas hipotecadas.
El seguro público se activará desde el momento en que el juzgado admita a trámite la demanda por impago, garantizando el abono de las rentas debidas, los suministros pendientes y los daños ocasionados en el inmueble por la cuantía total adeudada
Este precedente podría influir en futuras políticas de vivienda en otras ciudades con mercados tensionados, donde las administraciones buscan fórmulas para incrementar el parque asequible sin depender exclusivamente de la promoción pública directa.
El modelo que inspira la propuesta catalana es el aprobado en 2022 en los Países Bajos, donde el Senado dio luz verde a una normativa que permite a los ayuntamientos prohibir la compra de viviendas de precio medio y bajo para destinarlas al alquiler. Ciudades como Ámsterdam, Rotterdam o La Haya han aplicado esta limitación obligando a los compradores a residir en el inmueble durante un periodo mínimo —cuatro años en algunos casos— antes de poder alquilarlo.
La recuperación de la vivienda nueva pone de manifiesto otro problema estructural: la incapacidad del sector para producir suficiente oferta. La falta de suelo finalista, la lentitud administrativa, el encarecimiento de los materiales y la escasez de mano de obra cualificada están condicionando seriamente el ritmo edificador.
El Congreso ha dado luz verde a una proposición no de ley presentada por el Partido Popular con la que se insta al Gobierno a poner en marcha un plan estatal de vivienda específico para las zonas rurales. Se trata de una iniciativa que, más allá de su lectura política —en territorios donde el medio rural tiene un peso electoral significativo— responde también a una reivindicación que muchos consideran justa y necesaria: reequilibrar el territorio y garantizar oportunidades similares con independencia del lugar de residencia.
