Durante años, el mercado de la vivienda en España ha operado con escasa intervención pública. Salvo en situaciones excepcionales —la burbuja de 2008 y su posterior estallido—, el alquiler ha estado sometido a una lógica puramente especulativa que ha desbordado los límites de lo asumible para una parte creciente de la población.
Hasta ahora, las acciones contra los pisos turísticos ilegales se centraban en propietarios individuales o pequeñas gestoras. Pero el Ministerio de Consumo ha dado un salto cualitativo, implicando directamente a Airbnb, la plataforma que más se beneficia del fenómeno.
Ibiza es hoy un paradigma de la burbuja inmobiliaria en zonas turísticas. En este escenario, incluso personas con trabajos estables y bien remunerados se ven obligadas a vivir en autocaravanas, coches o tiendas de campaña ante la imposibilidad de pagar un alquiler. Los efectos en la economía local son devastadores: los hoteles y restaurantes no encuentran trabajadores, porque no hay dónde vivir.
El estafador sabía muy bien lo que hacía. Utilizaba la excusa de que se encontraba fuera de España por trabajo, o que era extranjero, para evitar mostrar físicamente los inmuebles. Alegaba que había mucha demanda y poca oferta para presionar a sus víctimas a hacer una transferencia rápida, supuestamente para reservar la vivienda. Era todo mentira. Ni los pisos existían, ni estaban disponibles, ni él tenía la más mínima intención de alquilar nada. Solo quería el dinero
Según cifras de Eurostat, los precios de la vivienda han subido un 20% desde 2015, ajustados a la inflación, y los alquileres en las principales ciudades de la UE han aumentado una media del 48% entre 2014 y 2023. En muchos casos, los salarios no han seguido ese ritmo, y el esfuerzo económico que exige el acceso a una vivienda digna se ha disparado.
La demanda no afloja. Todo lo contrario: se espera que las ventas de viviendas crezcan un 9% en 2025, hasta alcanzar las 780.000 operaciones, y que en 2026 se superen las 800.000 compraventas. El motor de esta dinámica es múltiple: crecimiento económico (2,6% previsto para 2025), dinamismo del mercado laboral, afluencia de compradores extranjeros (especialmente en zonas costeras), caída del euríbor y una presión demográfica que ya es estructural.
La venta de activos por parte de Patrizia no es un hecho aislado. Se suma a la fuga progresiva de capital inmobiliario extranjero que Cataluña está viviendo en los últimos años. Otros fondos, como Blackstone o Vivenio, ya han iniciado desinversiones similares en la región, movidos por los mismos motivos: menor rentabilidad esperada, mayor intervención política y marcos regulatorios inciertos.
Este comportamiento alcista, sin embargo, plantea también interrogantes de calado sobre el equilibrio entre oferta y demanda. Mientras la demanda se acelera, la oferta de obra nueva sigue estancada, atrapada entre trabas administrativas, falta de suelo y costes de construcción al alza. Y en ese desequilibrio se esconde el verdadero riesgo: una presión inflacionaria sobre los precios que podría tensionar aún más el acceso a la vivienda en 2025.
Más allá de los porcentajes, lo que realmente preocupa es la inercia institucional y la ausencia de un plan común para abordar el mayor problema estructural de España: el acceso a una vivienda digna. Ni el Gobierno ni las comunidades autónomas han conseguido —o querido— afrontar de forma decidida un problema que no deja de escalar. Y no hay síntomas de que esto vaya a cambiar.
El IRAV ha subido una décima en abril, situándose en un 2,09%. Sin embargo, en ciudades como Madrid, Sevilla y A Coruña, los precios del alquiler siguen una tendencia alcista que supera con creces este índice.
