En el caso del diésel, Murcia se lleva la medalla de oro al disparate con esos 79 céntimos de diferencia por litro. Le siguen de cerca Lleida y Girona, con 76 céntimos, y Granada, que parece “moderada” con sus 65.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado que en el último año ha recibido más de 25.000 consultas relacionadas con arrendamientos, un indicador claro de la falta de oferta, el endurecimiento de las condiciones y el desconocimiento generalizado de los derechos y obligaciones que regula la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Hay una idea que todavía cuesta asimilar en ciertos ayuntamientos: los servicios públicos son para todos, no solo para los empadronados. La igualdad ante la ley no puede condicionarse al lugar donde votas o te empadronas, especialmente cuando se trata de servicios tan básicos como el deporte, la cultura o el acceso a instalaciones públicas.
Las aerolíneas han decidido que, en lugar de subir el precio de los billetes de forma clara, es más rentable engañar elegantemente al consumidor. Así, en lugar de pagar un precio justo y transparente, acabas desembolsando el doble entre tasas, selección de asiento, prioridad de embarque y ahora también… ¡por llevar un neceser!
El uso de tarjetas bancarias en países con moneda distinta al euro, ya sea fuera de la Unión Europea o dentro de ella (casos como Dinamarca, Suecia, Hungría, Polonia o Rumanía), puede implicar una doble penalización económica. Por un lado, muchas entidades bancarias aplican una comisión del 3% por cambio de divisa al realizar un pago con tarjeta. Por otro, extraer dinero en un cajero automático en moneda local puede sumar un 5% adicional.
La diferencia entre la gasolinera más cara y la más barata puede superar los 30 céntimos por litro. Traducido a un depósito de 50 litros, eso supone 15 euros por repostaje, o lo que es lo mismo, una comida en ruta.
Desde FACUA exigen que el nuevo marco legal imponga un régimen de protección permanente o indefinido para toda vivienda financiada con recursos públicos o construida sobre suelo cedido. Además, proponen que se prohíba expresamente su descalificación, para que no se conviertan en mercancías al servicio del mercado.
Un aspecto criticado por organizaciones como la OCU es el anonimato de las empresas sancionadas. Aunque el Ministerio de Consumo sí ha hecho público el número de compañías multadas y el importe total de las sanciones, ha decidido no revelar sus nombres, una práctica que protege más a los infractores que a los consumidores.
Las claves de esta recuperación se explican desde una combinación de factores. En primer lugar, el turismo internacional ha regresado con fuerza, especialmente en ciudades costeras y capitales culturales. A ello se suma un consumidor nacional que mantiene su propensión al gasto, especialmente en sectores como la moda, restauración o electrónica.
La principal razón por la que estos productos financieros logran sobrevivir y expandirse en el mercado es que escapan al control directo del Banco de España. Al no tratarse de entidades bancarias tradicionales ni de productos regulados bajo los mismos criterios que un préstamo al consumo o una hipoteca, estas empresas de minicréditos operan en una zona gris, sin la transparencia ni los controles exigibles al resto del sistema financiero.
