El texto resultante supone un golpe directo a la estrategia que Ryanair y el resto de compañías de bajo coste han desplegado en Bruselas durante años, presionando para recortar derechos e indemnizaciones bajo la bandera de la libertad de elección y el pago por uso.
La espera media para entrar en una residencia pública alcanza los 225 días, más de siete meses. Para una concertada, 162 días. Mientras tanto, alguien tiene que cuidar al mayor en casa, las 24 horas del día, sin descanso y sin apoyo institucional. Y cuando finalmente hay plaza, puede estar a diez kilómetros, o a veinte, porque lo que hay es lo que hay.
Sobre la economía, los datos presentan esa característica disociación entre lo propio y lo ajeno que tan bien conocen los sociólogos. El 63,6% de los españoles considera que su situación económica personal es buena o muy buena, frente al 26% que la califica de mala o muy mala. Sin embargo, cuando la pregunta es sobre la economía del país en su conjunto, los números se invierten: el 53,5% la considera mala o muy mala, frente al 38,1% que la valora positivamente. En otras palabras, muchos se sienten razonablemente a flote en lo personal mientras perciben que el barco hace agua.
La Comisión Europea lleva meses dando muestras de una [...]
Las grandes compañías energéticas, de telecomunicaciones o financieras no llaman directamente. Contratan a terceros para que lo hagan. Pero eso no las exime de responsabilidad legal ni moral: son ellas quienes diseñan las campañas, fijan los objetivos y se benefician de los contratos que se cierran a través de esas llamadas.
Cuando el CIS pregunta no ya por los problemas del país sino por los que afectan directamente a los encuestados, el orden cambia ligeramente. La crisis económica pasa al primer puesto con un 38,8% de menciones, seguida de la vivienda con un 25,6%, la sanidad con un 19,5%, la calidad del empleo con un 16,7% y la inseguridad ciudadana con un 10,1%.
La entidad debe haber requerido fehacientemente el pago al deudor con carácter previo a la inscripción, y debe poder acreditar que ese requerimiento fue efectivamente recibido. No basta con demostrar que se envió una carta: hay que demostrar que llegó. Y la carga de la prueba de todos estos requisitos recae sobre la entidad, no sobre el consumidor.
Numerosas entidades deniegan el reembolso alegando, de manera genérica y sin aportar pruebas concretas, que el usuario ha actuado con negligencia grave. El argumento funciona como un comodín: no requiere demostración, no exige documentación específica y traslada la carga de la prueba al consumidor, que es exactamente lo contrario de lo que establece la ley.
Que para conseguir cita haya que desplazarse físicamente a la oficina y montar el escándalo necesario para que alguien se digne atenderte es una situación propia de un Estado fallido, no de una democracia europea del siglo XXI.
Para muchas asociaciones de consumidores el problema no reside únicamente en el encarecimiento del petróleo. El verdadero debate se centra en cómo se trasladan esas subidas al precio final que pagan los ciudadanos, ya que en numerosas ocasiones la evolución de los carburantes en las estaciones de servicio no guarda una relación proporcional con los movimientos del mercado internacional.
