El sector inmobiliario siempre ha destilado un atractivo casi hipnótico: cifras gordas, villas con infinity pool en la Costa del Sol o Baleares, agentes de Instagram con sonrisa perfecta y cierre en 30 segundos, y ese cine yanqui donde el realtor es semidiós con cochazo. Resultado: miles de nuevas agencias brotan cada año en Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante, Baleares o Canarias.
Las previsiones no son alentadoras. Según la mayoría de analistas, el precio de la vivienda seguirá subiendo en los próximos meses, especialmente en las zonas costeras, grandes ciudades y áreas con demanda internacional. El retorno de los tipos de interés bajos previsto para 2025/26 podría incluso reactivar el crédito hipotecario y alimentar aún más la espiral alcista
La normativa actual contempla que cualquier operación de compraventa de inmuebles que supere determinados umbrales o presente ciertos indicios debe pasar por un filtro de control. Las agencias inmobiliarias, como sujetos obligados, deben identificar a sus clientes, conocer el origen de los fondos y comunicar cualquier sospecha al SEPBLAC, el organismo encargado de velar por la limpieza financiera de las operaciones.
Sin las agencias, los portales no son nada. Son ellas las que generan el contenido y el tráfico, suben los anuncios, pagan las suscripciones y alimentan el big data que luego se revende o reutiliza. Sin embargo, la mayoría sigue manejándose con páginas web obsoletas, desconociendo para qué sirve Google y sin controlar las tecnologías que tantas alegrías e independencia podrían darles.
Esto no es solo una sentencia aislada. Es una llave maestra que abre la puerta a revisar valoraciones previas. Si alguien ha pagado más de lo justo en el ITP, en una herencia o donación porque un perito valoró el inmueble sin poner un pie dentro, hay posibilidad de reclamar. Y ojo, que hablamos de miles de euros en muchos casos.
Los informes económicos son claros: la vivienda es inaccesible para buena parte de la población, y el pequeño alivio hipotecario no compensa el atraco inmobiliario. Mientras las comunidades con renta más baja son las que mantienen cierto equilibrio (Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha...), las comunidades más ricas y las grandes ciudades viven una auténtica emergencia habitacional.
Se está produciendo un ajuste de la demanda provocado por el precio, pero esto no significa una bajada inminente. Al menos por ahora. Lo que sí se percibe es un enfriamiento en las decisiones de compra. Un “esperar a ver”, que se traslada en una caída de visitas, en operaciones que no se concretan y en hipotecas que no se firman.
No es la primera vez que se intenta "modular" la Ley de Costas para ajustarla a los intereses de unos pocos. En 2013, el entonces ministro Arias Cañete protagonizó una rebaja de la protección costera. Se redujo la servidumbre de protección de 100 a 20 metros y se "indultaron" más de 12.800 viviendas construidas ilegalmente en dominio público.
Lo vivido en 2008 fue más que una crisis: fue una catástrofe económica y social. El colapso del ladrillo arrasó empresas, atrapó familias en hipotecas imposibles y forzó rescates bancarios. Y aunque hoy el escenario es diferente, el temor no es infundado. Un miedo atávico ha calado en todos nosotros...perdimos demasiado y terminamos llorando toda una década.
Los datos no mienten, aunque algunos prefieran mirar a otro lado: los precios de la vivienda siguen disparados. Tanto en compraventa como en alquiler. Y lo que es más grave, lo hacen en todo el país. No hablamos solo de Barcelona, Madrid o las zonas turísticas de la costa. Hasta en ciudades medianas como Burgos, León o Badajoz la subida de precios es constante.
