La encuesta encargada por el grupo europarlamentario The Left y elaborada por Ateneo del Dato entre el 10 y el 16 de abril, con una muestra de 2.200 personas, deja los datos tan claros que duelen. Un 32,2% se muestra muy a favor del decreto y un 41,4% bastante a favor, lo que suma un 73,6% de respaldo ciudadano.
El decreto actúa también sobre Bizigune, el programa de vivienda en alquiler del Gobierno Vasco. Eleva el umbral máximo de ingresos para acceder a él hasta 46.463 euros, incrementa el canon que perciben los propietarios que ceden su vivienda hasta el 80% del valor de mercado —con un tope de 700 euros mensuales—, y en los municipios declarados zona tensionada ese canon podrá alcanzar el 95% del precio medio de la EMAL (la Encuesta de Mercado de Alquiler Libre)
Casa 47 aplica cinco criterios de selección que priorizan la utilidad social del inmueble: ubicación en zonas de mercado tensionado (donde el alquiler supera el 30% de los ingresos familiares), accesibilidad universal, adquisición de bloques completos frente a unidades aisladas, eficiencia energética y descuento sobre el precio tasado.
El Gobierno aprobó ese decreto el 22 de marzo para hacer frente al encarecimiento de la vida derivado de la guerra en Oriente Próximo, incluyendo un tope extraordinario a la actualización de los alquileres del 2% aplicable a todos los contratos vigentes cuya anualidad venza antes del 31 de diciembre de 2027. El resultado práctico es que tanto el IRAV como el IPC quedan, de momento, en papel mojado para este ejercicio.
La sentencia no crea ley, pero sí crea doctrina y, sobre todo, crea precedente en un mercado que llevaba años operando en una zona gris muy conveniente para ciertos propietarios. Para los inquilinos, especialmente jóvenes, trabajadores con ingresos bajos y personas que no pueden asumir el coste de una vivienda completa, el fallo representa un refuerzo real de su seguridad jurídica. El título del contrato no recorta sus derechos; lo que manda es el uso que hacen de ese techo.
Las subidas podrían alcanzar el 30%, el 40% o incluso el 50% en las renovaciones de contratos. Una cifra que, en mercados como Madrid o Barcelona, resulta devastadora para la economía doméstica de cualquier familia inquilina. Los datos de las principales tasadoras y portales inmobiliarios confirman una tendencia alcista sostenida que no da señales de moderarse.
Para poder optar a estas viviendas habrá que tener entre 18 y 50 años, estar empadronado en Madrid con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho dentro de los últimos diez, no ser titular de ninguna vivienda en todo el territorio nacional y no haber sido condenado en los últimos cinco años por ocupación ilegal, impago de rentas o desahucio por problemas de convivencia.
La Comunidad de Madrid ha aprobado una modificación del decreto que regula el Plan Vive, el programa de alquiler a precios moderados que es la principal apuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en materia de vivienda. Los cambios, adoptados en Consejo de Gobierno, afectan tanto a los criterios económicos de acceso como a los de arraigo territorial
El escenario de los próximos meses no invita al optimismo si uno es inquilino. Decenas de miles de viviendas van a salir del mercado del alquiler. Sus actuales arrendatarios se enfrentarán, en el mejor de los casos, a la posibilidad de comprar un piso que no pueden permitirse a precio de mercado récord. En el peor, a la búsqueda de una nueva vivienda en alquiler en un mercado con oferta cada vez más escasa y precios que suben por encima del 10% anual.
Cuando el debate se centra en los trabajadores en lugar de en las causas, se pierde la oportunidad de actuar sobre lo que realmente está pasando. García mencionó explícitamente el problema de la vivienda como uno de los factores que "ahora mismo hacen enfermar" a la ciudadanía. Añadió que el 38% de los españoles vive este asunto con angustia. No es un dato menor.
