Diez años son los suficientes para convertir una restricción de acceso en una exclusión prácticamente permanente para cualquier persona que haya llegado a Catalunya en la última década y no cuente con recursos para competir en el mercado libre.
Paiporta se suma a una corriente que crece en l'Horta Sud. Mislata, La Pobla de Farnals y Sedaví ya habían formalizado la petición ante la Generalitat. Alaquàs, Burjassot y Paterna han aprobado mociones similares en sus plenos.
La moderación de abril es una buena noticia, pero sería imprudente interpretarla como el inicio de una corrección sostenida. La oferta de vivienda en alquiler sigue siendo insuficiente en los grandes mercados, la construcción de nueva vivienda pública avanza a un ritmo que no guarda proporción con la magnitud del problema, y hay comunidades autónomas que parecen haber decidido que regular el alquiler es una opción ideológica y no una obligación con sus ciudadanos
La Asociación de Apartamentos, Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (AvitarGranada), que promovió el recurso, no ha tardado en sacar conclusiones prácticas del fallo. La patronal ha animado a todos los afectados que hayan visto canceladas, bloqueadas o frustradas sus licencias, registros, expedientes o explotaciones turísticas por la aplicación del acuerdo municipal a contactar con la asociación para estudiar su caso.
Otro dato que conviene tener presente para calibrar la dimensión real del fenómeno: solo el 4,9% de la población total —el 5,7% si nos limitamos a la población adulta— obtiene ingresos mediante alquileres. Frente a ellos, el 20,8% de la población española vive de alquiler, según la última Encuesta de Condiciones de Vida. Cuatro veces más inquilinos que arrendadores.
En conjunto, los tres municipios contemplan la promoción de cerca de 1.500 nuevas viviendas en los próximos años, cifra que podría elevarse hasta 1.800 si se desarrolla todo el potencial urbanístico previsto. Es un esfuerzo notable para municipios de tamaño medio, pero conviene no perder de vista que las zonas tensionadas son, ante todo, un instrumento de contención de precios, no de generación de oferta.
La oferta actual en Santiago ronda los 245 inmuebles a un precio medio de 12,16 euros/m²/mes, por debajo del promedio nacional de 15 euros. Es un mercado relativamente pequeño, lo que hace aún más imprevisible el efecto de la intervención. Lo que sí es previsible, a juzgar por lo ocurrido en otras ciudades, es que una parte de esa oferta encuentre la salida del alquiler temporal antes de que la tinta del BOE se seque.
Hablamos de cientos de miles de familias que en los próximos dos años enfrentan renovaciones en un mercado en el que los precios han subido más de un 60% en algunas capitales en la última década. Para muchas de ellas, una subida de renta a precio de mercado no es una molestia: es una mudanza forzosa, un desahucio legal y tranquilo que no aparece en ninguna estadística de lanzamientos judiciales.
Alfaro advierte de que la falta de Presupuestos Generales del Estado condiciona la ejecución, y que el diseño competencial puede ralentizar o incluso bloquear la puesta en marcha de medidas en determinados territorios. El caso de la Comunidad de Madrid, que ya ha manifestado sus reticencias, ilustra perfectamente el riesgo: un plan que depende de la voluntad política de actores que pueden no compartir sus objetivos tiene un problema estructural de base.
Se habilita la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales de titularidad privada y en suelos de hospedaje, y se prorrogan dos años más —hasta finales de 2028— la opción ya existente de transformar inmuebles de oficinas en viviendas residenciales, una figura en la que la Comunidad se presentó como pionera y que ya ha incorporado al mercado alrededor de 8.000 nuevas viviendas.
