El órgano dependiente de Hacienda concluye que la Administración tributaria local puede utilizar el valor de referencia del bien inmueble fijado por el Catastro como valor de transmisión, eso sí, siempre que en el procedimiento de comprobación correspondiente justifique y motive su uso.
El CJE y nueve consejos de la juventud autonómicos han hecho público un comunicado conjunto en el que reclaman una mayor implicación de las comunidades autónomas en el desarrollo del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El mensaje de fondo es claro: sin una coordinación real entre el Gobierno central y los gobiernos regionales, cualquier medida aprobada a nivel estatal corre el riesgo de quedarse en papel mojado.
Los datos publicados reflejan un descenso del 11,2% interanual, con un total de 163.322 operaciones cerradas entre enero y marzo. Se trata del peor registro para un primer trimestre desde 2024 y supone un cambio de tendencia evidente respecto al comportamiento observado durante los dos últimos años.
La renta bruta disponible de los hogares crece, los cambios demográficos y sociales siguen generando nuevas unidades familiares —en torno a 200.000 al año— y la oferta de vivienda en las zonas donde esa demanda se concentra sigue siendo insuficiente.
En condiciones de mercado convencionales, una subida de precios tan sostenida y tan pronunciada debería atraer inversión promotora, acelerar la producción y, con el tiempo, reequilibrar la oferta. Aquí no está ocurriendo. Los precios suben, pero la vivienda no se construye. Esa disociación es la mejor evidencia de que los problemas del sector no son cíclicos, sino estructurales.
Según el Índice General IMIE de Tinsa by Accumin, la vivienda nueva y usada encareció un 1,3% solo en el mes de mayo, lo que eleva la tasa interanual hasta el 15,4%. Un dato que no invita precisamente al optimismo si se tiene en cuenta que la inflación general de la economía crece bastante por debajo de esa cifra: la vivienda le saca nada menos que 11,9 puntos porcentuales de ventaja al IPC
El Supremo lo recuerda con claridad: la protección legal no alcanza a cualquier operación inmobiliaria frustrada, sino únicamente a aquellas en las que la adquisición respondía a una necesidad habitacional. Ser consumidor, o haber comprado una sola vivienda, no garantiza por sí solo el acceso a esas garantías. Lo que importa es el destino real de la compra.
Por primera vez en mucho tiempo —o quizás en toda la serie— ninguna comunidad autónoma logró mantenerse por debajo del 10% de subida anual. La geografía del encarecimiento es ya universal en España. A la cabeza del ránking figuran Aragón y la Región de Murcia, con un alza del 15,6%, seguidas de Castilla y León y Ceuta, con un 14,9%. También por encima de la media nacional se situaron Asturias, la Comunidad Valenciana y La Rioja, con un 14,3%, Cantabria con un 14%, y las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid con un 13,6%.
Nada en los datos actuales apunta a una corrección. Los precios escalaron hasta un 17,4% interanual en mayo de 2026 con un precio medio que superó los 2.795 €/m², el mayor incremento en vivienda de segunda mano desde los tiempos de la burbuja. El Euríbor ronda el 2,8%, lo que permite encontrar hipotecas fijas desde el 2,10% TAE, pero ese alivio relativo en las condiciones financieras no compensa ni de lejos el ritmo al que suben los precios.
Aquí está uno de los nudos gordianos de la norma. Los municipios tendrán dos años para decidir si aplican o no los nuevos parámetros urbanísticos. La adhesión es voluntaria. La ley les ofrece herramientas, no obligaciones. Y lo que no les ofrece, en ningún caso, es financiación adicional para tramitar licencias aceleradas ni mecanismos para ceder suelo público de forma ágil.
