Según el Instituto Nacional de Estadística se iniciaron 9.407 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de particulares, lo que supone nada menos que un 27,4% más que durante el año 2019 y un cambio de tendencia, ya que las ejecuciones hipotecarias no aumentaban desde el 2014
Desde el comienzo del estado de alarma, el confinamiento, y las primeras medidas de protección aprobadas por el gobierno, se estuvo asegurando que los desahucios estaban suspendidos. Pero no era verdad, como los demuestran los datos del GGPJ que llevan los desahucios efectuados hasta los 29.406 . De los cuales 6.915 son derivados de ejecución hipotecaria, 21.145 derivados de alquileres y 1.346 por otras causas.
El control de los precios de los alquileres ha desembocado en una guerra abierta entre Unidas Podemos, que defiende la regulación de precios en el compromiso firmado y los miembros del PSOE implicados, Ábalos hasta ahora, a quien se ha sumado en los últimos días Calviño, que ponen por delante del acuerdo de gobierno la seguridad jurídica de los propietarios y pagar sus menores ingresos con beneficios fiscales, es decir, con dinero público
La clave del éxito de la operación ha estado en la coordinación entre la administración y los movimientos sociales que han hecho comprender al fondo buitre que tenía por delante un largo procedimiento sin mucha luz respecto al resultado. El derecho a tanteo y retracto de la administración para hacerse con los inmuebles ante una hipotética venta a un tercero también ha tenido su peso.
El Tribunal Supremo ha decidido prohibir que un fondo buitre pueda instar el desahucio de un inquilino de una vivienda protegida en Madrid y lo hace aplicando la ley y la lógica, que muchas veces van por diferentes caminos.. La decisión del TS se basa en que los jueces anularon la venta de l3.000 viviendas públicas de realizada por la Comunidad de Madrid a estos fondos y, por tanto, ya no son de su propiedad no pudiendo instar al desahucio de sus ocupantes.
Un manifiesto suscrito por las organizaciones sociales recuerda que más de 320.000 personas están sin hogar en España, donde hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión social y se han sufrido más de un millón de desahucios desde 2008, muchos de ellos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos.
Al final el problema de la escasa o casi nula vivienda social de que disponemos en este país se va a ir parcheando gracias al dinero público del que se van a beneficiar los grandes tenedores de vivienda, entre ellos la Sareb. Se quedaron con los pisos por los anteriores desahucios, y ahora se los van a arreglar con dinero público y cobrarán por ellos el tiempo que estén alquilados.
Si se incluyera en la Ley de Vivienda la prohibición de los desahucios a las familias vulnerables, que pudieran corresponder con aquellas posibles adjudicatarias de una vivienda social si las hubiera, tal vez comenzarían a aparecer las necesarias para conformar ese parque de viviendas protegidas del que carecemos.
Se estima que la Iglesia Católica tiene en España más de 100.000 propiedades inmobiliarias, de las que 5.000 son iglesias, siguen conventos, cementerios, ermitas, locales, y un buen número de pisos, locales y edificios alquilados a terceros y de lo que no se saben muy bien los ingresos que le rentan… Todo ello le convierte en el mayor propietario inmobiliario del estado.
El lanzamiento de la vivienda no podrá ejecutarse "hasta que sus ocupantes no tengan garantizado el realojo". La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante que los tribunales "tendrán que solicitar obligatoriamente" en caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad
