Los pequeños tenedores de vivienda son los que tienen peso en las urnas y proporcionan vivienda a la mayoría de los 3,2 millones de familias que viven de alquiler, siendo el verdadero quebradero de cabeza del PSOE, porque sabe que, sin afectarles en el bolsillo, las medidas que se puedan tomar van a ser ineficaces y si se les tocan los ingresos puede haber muchos gritos y desafecciones.
No se firmó una renovación del contrato o una prórroga del mismo, sino que se firmó un nuevo contrato de arrendamiento entre ambas partes, con todas las consecuencias que ello conlleva, quedando sin efecto cualquier cláusula del contrato suscrito en 2016.
Ha sido Promontoria la que ha pasado a estas familias una oferta que no pueden rechazar salvo irse a la calle: pagarán más de cuatro veces lo que ahora pagan por los alquileres incluyendo IBI y Comunidad. A los buitres parece que les ha entrado la prisa con la Ley de Vivienda amenazando su negocio.
La Agencia Catalana del Consumo ha abierto 141 expedientes a grandes propietarios de vivienda por incumplir la obligación legal de ofrecer un realojamiento en régimen de alquiler social a personas o unidades familiares vulnerables.
Andalucía volvió a liderar las ejecuciones sobre viviendas en el primer trimestre, con un total de 1.461, seguida de Cataluña (995) y la Comunidad Valenciana (898). En el lado opuesto de la tabla del INE, con el menor número, se situaron La Rioja (26), Navarra (31) y Cantabria (33).
De nuevo vuelve a surgir con toda su crudeza una realidad que los políticos de este país no quieren erradicar. La muerte de dos personas mayores, hermanas que vivían juntas de una manera muy precaria, pone de nuevo en las páginas de los periódicos la situación que viven muchas personas de este país, esperando un desahucio
Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 3.2311 son habituales en propiedad (un 4,8% más que en el mismo trimestre de 2020) y 818 no son residencia habitual de los propietarios (un 7,9% más).
Teniendo en cuenta la naturaleza de la finca, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 62,0% del total de ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre de 2021.
La situación es compleja porque nunca se debiera haber permitido que la vivienda, que es un bien de primera necesidad, se convirtiera en un producto de mercado sujeto a la especulación y a las exigencias de los inversores. No al menos mientras no existiera un parque suficiente de vivienda social que imposibilitara esta especulación a gran escala con las familias más vulnerables, expulsándoles de un mercado del alquiler que les debiera garantizar el acceso a un bien necesario
El Gobierno ha prorrogado, mediante el Real decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, las medidas de protección en materia de vivienda establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo y eso tiene algunas consecuencias en el mercado del alquiler y los posibles desahucios por impago de hipoteca o alquiler.
