Ha sido Promontoria la que ha pasado a estas familias una oferta que no pueden rechazar salvo irse a la calle: pagarán más de cuatro veces lo que ahora pagan por los alquileres incluyendo IBI y Comunidad. A los buitres parece que les ha entrado la prisa con la Ley de Vivienda amenazando su negocio.
La Agencia Catalana del Consumo ha abierto 141 expedientes a grandes propietarios de vivienda por incumplir la obligación legal de ofrecer un realojamiento en régimen de alquiler social a personas o unidades familiares vulnerables.
Andalucía volvió a liderar las ejecuciones sobre viviendas en el primer trimestre, con un total de 1.461, seguida de Cataluña (995) y la Comunidad Valenciana (898). En el lado opuesto de la tabla del INE, con el menor número, se situaron La Rioja (26), Navarra (31) y Cantabria (33).
De nuevo vuelve a surgir con toda su crudeza una realidad que los políticos de este país no quieren erradicar. La muerte de dos personas mayores, hermanas que vivían juntas de una manera muy precaria, pone de nuevo en las páginas de los periódicos la situación que viven muchas personas de este país, esperando un desahucio
Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 3.2311 son habituales en propiedad (un 4,8% más que en el mismo trimestre de 2020) y 818 no son residencia habitual de los propietarios (un 7,9% más).
Teniendo en cuenta la naturaleza de la finca, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentran el 62,0% del total de ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre de 2021.
La situación es compleja porque nunca se debiera haber permitido que la vivienda, que es un bien de primera necesidad, se convirtiera en un producto de mercado sujeto a la especulación y a las exigencias de los inversores. No al menos mientras no existiera un parque suficiente de vivienda social que imposibilitara esta especulación a gran escala con las familias más vulnerables, expulsándoles de un mercado del alquiler que les debiera garantizar el acceso a un bien necesario
El Gobierno ha prorrogado, mediante el Real decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, las medidas de protección en materia de vivienda establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo y eso tiene algunas consecuencias en el mercado del alquiler y los posibles desahucios por impago de hipoteca o alquiler.
A pesar de las ayudas, los ERTES y el parón judicial las ejecuciones hipotecarias se incrementaron un 27,4% en el 2020. Lo asegura el Instituto Nacional de Estadística que añade que las inscripciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas de personas físicas aumentan un 97,0% en tasa anual.
Según el Instituto Nacional de Estadística se iniciaron 9.407 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de particulares, lo que supone nada menos que un 27,4% más que durante el año 2019 y un cambio de tendencia, ya que las ejecuciones hipotecarias no aumentaban desde el 2014
