El retroceso no ha sido homogéneo. La Comunidad Valenciana lidera la caída en términos absolutos, con más de 16.000 viviendas turísticas menos y un descenso superior al 25%. Cataluña, Madrid, Baleares y Galicia también registran recortes de doble dígito. En términos relativos, destaca Murcia, con desplomes superiores al 30%.
En territorios con fuerte dinamismo inmobiliario, como la Comunidad de Madrid, la dependencia es aún mayor. Allí, los trabajadores extranjeros llegan a representar hasta el 36% de la plantilla en construcción, una cifra que evidencia que, sin ese refuerzo, muchos proyectos simplemente dejarían de existir.
El decreto establece que todas las viviendas turísticas deberán incluir su número de signatura del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado, así como su localización exacta, en cualquier publicidad o plataforma digital. Esta medida busca combatir la oferta ilegal y facilitar la labor inspectora. La transparencia registral es clave en un mercado donde, según datos del Ministerio de Vivienda, miles de anuncios en España operan al margen de la normativa
El cambio central de la nueva legislación es la equiparación práctica al régimen de vivienda habitual en materias clave: límites de renta, garantías, actualización, gastos y obras de conservación. En el caso de habitaciones, la aplicación expresa de la LAU aporta seguridad jurídica, pero también endurece las condiciones para el arrendador.
Uno de los focos de debate es el impacto de los alquileres de corta duración en las grandes capitales. Bruselas prepara propuestas para definir criterios comunes y permitir a los municipios actuar con mayor seguridad jurídica. Sin embargo, la regulación avanza lentamente frente a la capacidad de adaptación del mercado.
Una parte significativa de los inmuebles incluidos en la cartera presenta situaciones pendientes de regularización. Esto puede implicar contratos prorrogados, rentas desactualizadas o procesos jurídicos en curso. Desde el punto de vista inversor, estos factores se traducen en descuentos y en la expectativa de mejora futura de la rentabilidad.
Mientras la oferta no aumente de forma significativa, especialmente mediante vivienda asequible y protegida impulsada desde el sector público, el mercado continuará tensionado. Y en un país con salarios moderados y creciente presión demográfica en determinadas áreas, la vivienda seguirá siendo el principal factor de desigualdad económica y territorial.
Para el sector inmobiliario, cualquier movimiento en el precio del dinero es determinante. Tras dos años de endurecimiento financiero, el mercado de compraventa se ha adaptado a tipos más altos, pero lo ha hecho en un contexto de fuerte presión de precios por falta de oferta, especialmente en vivienda nueva. Una eventual bajada aliviaría el coste de financiación, pero también podría reactivar la demanda en zonas ya tensionadas.
En términos de actividad, el número de compraventas supera las 705.000 operaciones, con un crecimiento anual del 10,7% y el mayor volumen desde 2008. Solo en el cuarto trimestre se registraron 178.270 transacciones, el segundo mejor dato trimestral desde el tercer trimestre de 2007.
En Euskadi, más de la mitad de su población reside ya en municipios considerados zonas tensionadas, entre ellos las tres capitales de provincia, Bilbao, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, además de un número creciente de localidades medias donde el mercado se ha ido estrechando de forma progresiva.
