El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) publicó el pasado 29 de diciembre de 2025 la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la sujeción de inmuebles a los derechos de tanteo y retracto. Esta norma ha sido aprobada con los votos favorables del PSC, BComú y ERC, marcando una clara línea política hacia la intervención en el mercado para garantizar el acceso a la vivienda
Las rebajas pueden ser una oportunidad razonable para adquirir aquello que realmente necesitamos. El problema surge cuando el mercado se llena de supuestas gangas, descuentos maquillados y estrategias diseñadas para vaciar bolsillos mientras se vende la ilusión de estar ahorrando.
El resultado de este pulso político es un bloqueo que perjudica a todo el sistema. Las administraciones no coordinan, el sector privado paraliza decisiones y los ciudadanos siguen sin soluciones reales. Mientras el debate ideológico se enquista, la producción de vivienda no despega y el acceso se complica.
La Generalitat defiende que el objetivo de la ley es reforzar la protección de la vivienda habitual, incrementar el parque de alquiler asequible y frenar prácticas especulativas en zonas de mercado residencial tensionado, especialmente en ciudades como Barcelona, donde el alquiler temporal se había convertido en una fórmula habitual para sortear la contención de rentas.
Recibir una vivienda en herencia puede convertirse en un problema cuando unos quieren vender y otros no, o cuando la falta de entendimiento bloquea cualquier decisión. En este contexto, entender qué opciones ofrece la ley es clave para evitar conflictos prolongados y pérdidas económicas
Uno de los datos más reveladores del informe es la tensión de precios en las grandes capitales, epicentros de la demanda y el empleo. La Comunidad de Madrid se sitúa en el ojo del huracán con un incremento interanual del 18,4%, superando ampliamente la media nacional.
Las fianzas que ciudadanos y empresas entregan al formalizar el alquiler de una vivienda dejarán de depositarse de forma oficial en la Junta de Andalucía. Con la entrada en vigor de la nueva Ley andaluza de vivienda, la administración autonómica se desprende de esta responsabilidad, modificando una dinámica que llevaba más de una década vigente a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
La sentencia se fundamenta en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que permite la constitución de servidumbres permanentes sobre espacios privativos cuando es indispensable para la realización de obras de accesibilidad, sin que sea necesario el consentimiento del afectado, siempre que no exista otra solución.
El Gobierno ha aprobado un ajuste de los coeficientes del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, que penaliza las ventas rápidas de vivienda y alivia la carga fiscal de quienes mantienen los inmuebles durante largos periodos de tiempo.
Este repunte confirma una tendencia ascendente en la demanda de obra nueva y en la puesta en marcha de nuevos proyectos residenciales, en un contexto marcado por la escasez de vivienda, especialmente en determinadas zonas urbanas y turísticas, y por las dificultades de acceso al mercado tanto en compraventa como en alquiler.
