Uno de los datos más relevantes aportados por el Ministerio es que cerca de 490.000 viviendas tienen condiciones para iniciar la edificación inmediata, lo que significa que podrían empezar a construirse sin necesidad de largos desarrollos urbanísticos.
El mensaje de fondo es claro: los altos precios y la escasa oferta disponible a precios competitivos están expulsando progresivamente a los compradores con menor capacidad financiera, estrechando el mercado y reduciendo el número de operaciones.
Un ecosistema de segunda mano que ha crecido hasta convertirse en una de las plataformas de referencia en España. Y como todo mercado sin apenas control, también un terreno fértil para los estafadores, que campan a sus anchas amparados por un sistema diseñado, en el fondo, para mirar hacia otro lado.
La sanción tiene su origen en las infracciones detectadas por el Ministerio de Consumo en 65.122 anuncios de alojamientos turísticos publicados en la plataforma, anuncios que finalmente tuvieron que ser retirados en julio de 2025 tras la investigación administrativa.
Las ejecuciones hipotecarias se dispararon un 35,6 % en 2025, un crecimiento muy fuerte que prácticamente duplica el aumento que ya se había producido entre 2023 y 2024. En total, se iniciaron 31.416 ejecuciones hipotecarias en toda España, una cifra que refleja que muchas familias siguen teniendo dificultades para mantener su vivienda en propiedad en un contexto de subida de tipos, inflación acumulada y encarecimiento general del coste de la vida.
El resultado de la política de vivienda que se ha realizado en las tres últimas décadas es el que estamos viendo: alquilar es más caro que comprar, pero nadie puede comprar porque no puede ahorrar, el resumen perfecto de uno de los mayores fracasos de la política de vivienda en España en las últimas décadas.
La sentencia confirma una sanción de 45.000 euros a la inmobiliaria por obligar a los compradores de viviendas protegidas a adquirir mobiliario como condición para poder formalizar la compraventa. Este mecanismo, relativamente habitual en algunos fraudes inmobiliarios, consiste en inflar el precio real de la vivienda mediante contratos paralelos de muebles, garajes, trasteros o supuestas mejoras, cuando en realidad se trata de un sobreprecio ilegal.
Opinión sobre las consecuencias de la guerra de Trump para el sector inmobiliario, ayudas de hasta 30.000 euros para rehabilitar en Barcelona, la cita previsa: ese infame filtro para el ciudadano, la Generalitat Valenciana quiere construir 120.000 viviendas, Hacienda por el foco en el sector inmobiliario y e precio de la obra nueva sube en todas las Comunidades Autónomas... entre otras informaciones.
Numerosas entidades deniegan el reembolso alegando, de manera genérica y sin aportar pruebas concretas, que el usuario ha actuado con negligencia grave. El argumento funciona como un comodín: no requiere demostración, no exige documentación específica y traslada la carga de la prueba al consumidor, que es exactamente lo contrario de lo que establece la ley.
El euríbor a doce meses en marzo está con una tasa media provisional del 2,407%, superando tanto el dato de febrero, que se situaba en el 2,221%, como el de marzo del año pasado, que fue del 2,398%. Es decir: por primera vez en casi dos años, el índice de referencia hipotecario más utilizado en España cierra un mes por encima del mismo mes del año anterior.
