La guía incluye 20 recomendaciones clave, diseñadas para ser aplicables por comunidades autónomas y entidades locales, independientemente de su tamaño o estructura administrativa. Estas recomendaciones abordan tanto aspectos normativos como organizativos y de gestión interna, con el objetivo de reducir de forma efectiva los tiempos de tramitación.
La combinación de precios tensionados, auge del alquiler turístico, inversión exterior creciente y falta de vivienda asequible ha reactivado un debate que ya está siendo observado en Bruselas. La posición expresada por Isabel Rodríguez —que apuesta por abrir la puerta a medidas europeas que permitan restringir compras especulativas— coloca el foco en un problema extendido en varios Estados miembros.
Uno de los aspectos más ambiciosos del proyecto es la inclusión en el CTE de la definición de “Edificio de Cero Emisiones”, un concepto que marcará el futuro del diseño y la rehabilitación de viviendas en España. Este tipo de edificación deberá demostrar que su demanda energética es mínima y que la energía que utiliza procede íntegramente de fuentes renovables.
Este sistema contará con la participación de administraciones públicas, organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y entidades del tercer sector, configurando un modelo participativo y transparente.
Las comunidades autónomas han sido protagonistas del incremento en la licitación. En total, alcanzaron los 6.650,9 millones de euros, un 23,9% más que el año anterior. La disparidad territorial, no obstante, es evidente. Extremadura lideró las alzas, con un aumento del 417,8% y 363,98 millones de euros licitados. Andalucía, por su parte, fue la comunidad con mayor volumen, superando los 1.348 millones de euros, lo que supone un 116% más que en 2024. En contraste, Madrid redujo un 42% su actividad licitadora, situándose en 920 millones de euros, mientras que Cataluña aumentó un 7,6% y alcanzó los 854,49 millones.
La ministra ha subrayado que el éxito del plan dependerá de la implicación de las Comunidades Autónomas, encargadas de gestionar casi la mitad de los fondos. Sin embargo, la confrontación política ya se vislumbra. Mientras algunas autonomías demandan mayor libertad para definir el uso del dinero, desde el Ministerio se insiste en que la prioridad debe ser reforzar el parque público y consolidar un acceso estable y digno a la vivienda.
El criterio geográfico del plan contempla inmuebles en las grandes áreas metropolitanas, islas y municipios con más de 5.000 habitantes, así como otras localidades más pequeñas —desde los 1.000 habitantes— que hayan registrado un crecimiento demográfico superior al 5% en la última década.
El informe del Grupo VISO y las iniciativas del Gobierno apuntan en la dirección correcta, pero su éxito dependerá de la ejecución efectiva de los planes, la coordinación entre administraciones y la capacidad de garantizar un acceso real a la vivienda como derecho fundamental.
El Proyecto ARCE 2050 se presentó en la Casa de la Arquitectura como una hoja de ruta ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en el sector de la edificación. Este plan se enmarca en un proceso participativo que involucra a administraciones, profesionales del sector y la ciudadanía, con el objetivo de acelerar la transición hacia ciudades más sostenibles, resilientes y descarbonizadas.
La ministra ha defendido la implementación de instrumentos que permitan abaratar los alquileres. De acuerdo con las medidas propuestas, los alquileres podrían reducirse hasta en un 5 %, mientras que los propietarios recibirían bonificaciones fiscales de hasta un 90 % de sus rentas.
