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Las comunidades autónomas han sido protagonistas del incremento en la licitación. En total, alcanzaron los 6.650,9 millones de euros, un 23,9% más que el año anterior. La disparidad territorial, no obstante, es evidente. Extremadura lideró las alzas, con un aumento del 417,8% y 363,98 millones de euros licitados. Andalucía, por su parte, fue la comunidad con mayor volumen, superando los 1.348 millones de euros, lo que supone un 116% más que en 2024. En contraste, Madrid redujo un 42% su actividad licitadora, situándose en 920 millones de euros, mientras que Cataluña aumentó un 7,6% y alcanzó los 854,49 millones.

La ministra ha subrayado que el éxito del plan dependerá de la implicación de las Comunidades Autónomas, encargadas de gestionar casi la mitad de los fondos. Sin embargo, la confrontación política ya se vislumbra. Mientras algunas autonomías demandan mayor libertad para definir el uso del dinero, desde el Ministerio se insiste en que la prioridad debe ser reforzar el parque público y consolidar un acceso estable y digno a la vivienda.

El criterio geográfico del plan contempla inmuebles en las grandes áreas metropolitanas, islas y municipios con más de 5.000 habitantes, así como otras localidades más pequeñas —desde los 1.000 habitantes— que hayan registrado un crecimiento demográfico superior al 5% en la última década.

El informe del Grupo VISO y las iniciativas del Gobierno apuntan en la dirección correcta, pero su éxito dependerá de la ejecución efectiva de los planes, la coordinación entre administraciones y la capacidad de garantizar un acceso real a la vivienda como derecho fundamental.