El pasado 5 de febrero el pleno del Parlamento de Cataluña ha convalidado el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, aprobado a finales de diciembre por el Gobierno de la Generalitat, que amplía las medidas de la Ley 24/2015.
El Govern de Catalunya ha iniciado la regulación del mercado de la vivienda para favorecer a los más vulnerables. En ese sentido ha aprobado un Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, cuya iniciativa más remarcable, y que va a traer consecuencias, se centra en obligar a los grandes propietarios –según esta nueva norma, aquellos que tienen más de 15 viviendas en alquiler, en su mayoría bancos y fondos de inversión– a ofrecer un alquiler social
Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de ejecuciones hipotecarias de una vivienda habitual para su venta tras el impago de un crédito, bajó en el tercer trimestre por debajo de 1.000 (947),tras reducirse un 21,3% desde el mismo trimestre de 2018. Esta cantidad es la más baja de los últimos cinco años. Los embargos de vivienda habitual cayeron un 40,7 % en 2018.
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) realizada en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora por 201 millones de euros. La decisión del Tribunal Supremo llega tras decretar la inadmisión de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y Azora Gestión SL a la sentencia emitida en septiembre por la Sección Octava de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que decretó la nulidad de esta operación. Ahora llega la vuelta de las viviendas a la titularidad pública y el resarcimiento de los daños causados en forma de centenares de desahucios.
Ya ha pasado el tiempo de controlar el sistema con reformas, es un cambio radical e internacional en la legislación el que se necesita. Y el primero de ellos pasa por la eliminación de todos los paraísos fiscales que es el lugar de residencia del problema y cuya su existencia consigue que los trabajadores y las clases medias y populares sustenten el peso del sistema fiscal del estado español, librando a las grandes empresas y entidades creadoras de la deuda y únicas beneficiadas.
El primer congreso de la vivienda de Catalunya, que reunió [...]
No ha sido la primera vez ni con seguridad será la ultima, porque en nuestro país jueces y administraciones vulneran sistemáticamente el derecho a la vivienda que tienen los españoles. Y es el Comité de Derechos Económicos y Sociales (DESC) de la ONU el que vuelve a denunciarlo. Al parecer se firman los acuerdos muy alegremente, porque queda bonito, pero luego el Estado "olvida" lo que ha firmado y las obligaciones que ha adquirido.
El mayor fondo buitre norteamericano, Blackstone, ha comenzado procedimientos judiciales, a través de su SOCIMI, Fidere, para desalojar de sus viviendas a los inquilinos de dos bloques de pisos de Madrid, uno en Torrejón de Ardoz y otro de Vallecas. Son dos de los 20 edificios de pisos propiedad de este fondo buitre de alquiler, afectados por unas subidas que llegan hasta el 100% del precio inicial.
l cambio que se ha producido en las causas de desahucio es un inmejorable indicativo de la situación. Si hace unos años la crisis laboral y la pérdida de puestos de trabajo y de volumen de emolumentos causó los desahucios hipotecarios, hoy la situación ha cambiado. Los desahucios por alquiler han subido en los dos últimos años casi de manera paralela al aumento en los precios de arrendamiento.
La Sala rechaza el sobreseimiento automático del procedimiento y, posibilita la sustitución de la cláusula abusiva por la disposición legal que regula el vencimiento anticipado. El Alto Tribunal ha optado por sustituir la cláusula abusiva de vencimiento anticipado por la nueva ley hipotecaria. Esta norma establece el impago de un mínimo de doce meses de cuotas para que la banca ejecute la hipoteca e inicie el desahucio.
