El Juzgado de Valencia interpreta que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 164.1 de la Constitución Española, la eficacia de la sentencia que limita los efectos atiende al momento de su publicación en el BOE y no al momento de cuando fue dictada. Por ello, acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por el contribuyente
Los ayuntamientos no van a poder exigir el pago de este impuesto, la plusvalía, en las compraventas de inmuebles que se hayan producido antes del día 26 de octubre, pero tampoco van a poder hacerlo en las que se produzcan desde ahora hasta que no se aprueben sus nuevas ordenanzas fiscales, para lo que tienen seis meses
Según constate jurisprudencia, se requiere, para la comisión del delito, la ocupación de un inmueble que no constituya la vivienda de nadie; que el ocupante carezca de todo título que legitime su ocupación desde el inicio de su ocupación -por ejemplo, no comete el delito quien teniendo inicialmente un título que habilite su ocupación, al finalizar este se mantenga indebidamente en la posesión del inmueble-. Asimismo, debe constar la voluntad del titular del inmueble a permitir la ocupación, exigiendo la jurisprudencia que la manifestación de voluntad ha de ser expresa.
Cumpliendo con la legislación dictada para reducir los abusos bancarios y dar confianza a los consumidores, entre junio de 2019 y abril de 2021 los notarios han autorizado 677.596 actas de transparencia, frente a los 606.498 préstamos hipotecarios, incluidas novaciones, subrogaciones y ampliaciones de hipoteca.
Los bancos continúan pensando que sus beneficios son sagrados, [...]
La crisis y prácticas bancarias abusivas, como son las tarjetas revolving o los intereses de los créditos rápidos han puesto esta ley de nuevo en los juzgados. Y es que numerosos tribunales están determinando la nulidad de préstamos personales y cláusulas de intereses en base a la ley de Azcárate.
El Govern inicia la expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, con un coste total de 1,8 millones de euros y por un plazo de siete años. Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda.
Un manifiesto suscrito por las organizaciones sociales recuerda que más de 320.000 personas están sin hogar en España, donde hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión social y se han sufrido más de un millón de desahucios desde 2008, muchos de ellos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos.
Ante la amenaza de la Secretaría de Estado de "incluir en la futura Ley de Vivienda la obligación a los grandes tenedores de viviendas de destinar el 30% de sus viviendas a uso social", Asval asegura que esta medida supondría un nuevo "atentado contra el derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española".
Con opiniones muy dispares y un importante caos en su aplicación, que ha llevado al Ministerio de Justicia a una moratoria hasta el 31 de julio, el pasado día 16 se puso en marcha la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. La prórroga concede a entidades y notarios un mes y medio para que adapten sus recursos a las nuevas condiciones. Mientras tanto permite la tramitación en papel u otros canales para dar tiempo a los bancos a que actualicen sus plataformas informáticas.
