Un manifiesto suscrito por las organizaciones sociales recuerda que más de 320.000 personas están sin hogar en España, donde hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión social y se han sufrido más de un millón de desahucios desde 2008, muchos de ellos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos.
Ante la amenaza de la Secretaría de Estado de "incluir en la futura Ley de Vivienda la obligación a los grandes tenedores de viviendas de destinar el 30% de sus viviendas a uso social", Asval asegura que esta medida supondría un nuevo "atentado contra el derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española".
Con opiniones muy dispares y un importante caos en su aplicación, que ha llevado al Ministerio de Justicia a una moratoria hasta el 31 de julio, el pasado día 16 se puso en marcha la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. La prórroga concede a entidades y notarios un mes y medio para que adapten sus recursos a las nuevas condiciones. Mientras tanto permite la tramitación en papel u otros canales para dar tiempo a los bancos a que actualicen sus plataformas informáticas.
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Tras la sentencia publicada este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los jueces españoles podrían archivar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que están en curso salvo en aquellos casos en que los usuarios pidan expresamente que sigan adelante.
Esta ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario sirve para trasponer una directiva para la cual España ya acumula un retraso de tres años, ya que el plazo para la transposición acabó en marzo de 2016, razón por la que la Comisión Europea inició en su momento un procedimiento de sanción.
Sin casi ya tiempo por la próxima disolución de las Cortes el próximo día 5 de marzo, el Gobierno prevé llevar este viernes al Consejo de Ministros un nuevo real decreto ley de vivienda, ya consensuado con Podemos. Y a diferencia del fiasco anterior incluirá un índice de precios máximos para el alquiler en las grandes ciudades y cambios en los desahucios. Con el propósito de lograr el mayor consenso posible se continúa negociando con el PDeCAT y el PNV en el texto que se lleve al Consejo de Ministros.
La desaparición el pasado año, forzada por la moción de censura, del Gobierno de Mariano Rajoy continúa teniendo consecuencias. La última ha sido que el Tribunal Constitucional, en sus sentencias del 17 y 31 de enero de 2019, ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno del PP, que pesaba sobre las leyes catalanas de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (Ley 24/2015 y Ley 4/2016). Y ha dejado sin efecto la suspensión cautelar que recaía sobre varios preceptos legales de las mismas, quedando así nuevamente en vigor ambas leyes desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de sendas sentencias.
Aunque pueda parecer un contrasentido, en el mercado inmobiliario todo es posible. Así, los bancos rescatados con dinero público han protagonizado casi las dos terceras partes, el 65 % total, de los desahucios por ejecución hipotecaria, según una investigación de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
En esto del inmobiliario no salimos de un problema para meternos en otro. Al lío del Supremo con el Impuesto de los Actos Jurídicos Documentados le sigue el barullo de los alquileres, con un decreto ley publicado el 18 de diciembre de 2018 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con los nuevos cambios legales en materia de alquiler y que decae tras 35 días, al no ponerse de acuerdo el PSOE y Podemos sobre su total idoneidad por no incluirse una limitación en el precio del alquiler y la incorporación del IPC para las subidas.
