Por octavo mes consecutivo sube el Euríbor situándose en el 0,154. De esta forma el Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, cierra el mes de octubre encareciendo la cuota 1,3 euros anuales a las hipotecas que toque revisión.
Hemos vuelto a asistir la pasada semana a una nueva batalla de los consumidores contra la banca española. De momento y en el último envite se han quedado en tablas, pero todo indica que a pesar de los esfuerzos de las entidades financieras, cuyos más altos directivos han salido en tromba a defender su bonhomía y correcta actuación según la legislación vigente, el consumidor ganará la batalla de los gastos hipotecarios con el impuesto de actos jurídicos documentados a su favor.
El Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado han firmado un acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra parte de los artículos impugnados de la Ley 24/2015. De esta forma se recupera la parte de vivienda de la Ley contra los desahucios y la pobreza energética que el Partido Popular, impugnó en mayo del 2016
El revuelo creado por el cambio de criterio del Tribunal Supremo y la paralización de la situación apenas un día después está teniendo consecuencias. Se ha producido una inseguridad jurídica que no sólo está perjudicando a los bancos en bolsa, sino que ha dejado paradas unas 8.000 operaciones hipotecarias.
Por si fuera poco una, la primera, la del revuelo, el Tribunal Supremo ha notificado ya otras dos sentencias de lo Contencioso-Administrativo que fallan a favor de que sean las entidades bancarias y no los clientes ─como era la norma hasta ahora─ los que asuman el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
Su actuación roza el ridículo, la prevaricación, la irresponsabilidad manifiesta e incluso la incorrección jurídica; resulta difícil ponerle una etiqueta a lo llegado desde el Tribunal Supremo estos días pasados
La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los bancos a cargar con el coste del impuesto sobre actos jurídicos documentados, aunque haya sido paralizada después, ha puesto a los bancos en pie de guerra. Y están pretendiendo presionar y atemorizar al país con las nefastas consecuencias que tendría hacerles pagar el impuesto. No se entiende de otra manera que las dos mayores entidades financieras, Santander y BBVA, hayan decidido suspender de momento la firma de hipotecas y apagado la página de ofertas por internet.
El presidente del Tribunal Supremo vuelve a sumirnos en la confusión al asegurar que la sentencia relativa a la determinación del sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las escrituras públicas, que documentan préstamos con garantía hipotecaria, es firme y no susceptible de revisión.
Abogados y asociaciones de consumidores están recibiendo una avalancha de consultas sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios, tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la que cambia de criterio y establece que son los bancos y no los usuarios los que tienen que abonarlo. Haber vuelto a suspender la sentencia no parece afectar a los usuarios que quieren recuperar su dinero.
Nueve meses después de su primera decisión y con el voto contrario de uno de los jueces, el Tribunal Supremo (TS) ha cambiado de forma sorpresiva su criterio con respecto a quien debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios
