Una familia necesita ya más de ocho años de sueldo íntegro, sin comer ni pagar la luz, para hacerse con una vivienda. El esfuerzo teórico anual subió al 36,07%, más de dos puntos por encima del año anterior, cruzando con holgura ese umbral del 30-35% que los manuales consideran razonable.
Las 61.417 operaciones son la cifra más alta del año y el dato mensual sube un 3,6% respecto a junio. El mercado se enfría, sí, pero desde niveles todavía muy altos, herencia de un 2025 de récords. Y hay que recordar que la estadística recoge inscripciones de escrituras firmadas semanas o meses antes, de modo que julio retrata decisiones tomadas cuando el panorama financiero aún no se había torcido del todo. Lo peor, previsiblemente, está por llegar.
La paradoja es que, comparado con el mercado libre de Boadilla, estos precios sí son una oportunidad. El problema no es la promoción, sino que la palabra "asequible" haya tenido que estirarse hasta estos niveles para seguir significando algo en el oeste madrileño. La vivienda protegida ya no protege a quien menos tiene, sino a la clase media-alta que el propio mercado ha dejado fuera. Todo un síntoma.
Aquí está el dato que debería enmarcarse en cada despacho ministerial. Desde 1980, la renta real disponible de los hogares se ha multiplicado por 1,8 en España (1,6 en la Unión Monetaria), mientras que los precios reales de la vivienda se han multiplicado por 3,5, frente al 1,8 de la zona euro. Es decir, en Europa los precios han ido de la mano de los sueldos; aquí los sueldos van a pie y los precios en AVE.
El resultado final es tan simple como indignante: viviendas que fueron públicas se venden a precio de mercado. El patrimonio que se construyó con dinero de todos para garantizar el acceso a un techo ya no está al alcance ni de quienes viven dentro. Los inquilinos han pedido que alguna administración ejerza el derecho de adquisición preferente para devolver esos pisos al parque público. Ministerio, Comunidad y ayuntamientos han respondido con un silencio atronador.
El Ayuntamiento emite una media de 449 órdenes de cese al año contra apartamentos turísticos sin papeles, y no son órdenes de trámite: van acompañadas del corte de luz y agua. A eso se suman multas tramitadas por valor de 1,6 millones de euros. Con el negocio ilegal, tolerancia cero; con el legal, cada vez menos plazas.
Una cosa es excluir la prórroga cuando llega el vencimiento, mediante el preaviso que permite el artículo 10 para la prórroga tácita, y otra muy distinta es pactar por adelantado su eliminación. Esa renuncia ab initio choca con una norma de derecho necesario y no puede ser válida.
El FSV es un instrumento de naturaleza privada, con mayoría de capital privado y participación pública minoritaria, diseñado para que su deuda no consolide como deuda pública según la normativa europea SEC2010 y no quede limitado por la regla de gasto. Así suma recursos sin sustituir la promoción pública directa, un matiz importante. El suelo público se cederá en derecho de superficie durante 75 años, tras los cuales revierte a la Administración
Mientras la Xunta construye, el Concello mira lo que ya está construido y no se usa. La Xerencia de Urbanismo calcula que en el municipio hay al menos 13.000 viviendas vacías, una cifra que obtiene del consumo de agua, y el martes recibirá luz verde el programa para movilizarlas. La aritmética sonroja: hay más pisos cerrados que demandantes esperando. Vigo tiene, en teoría, el problema resuelto y guardado bajo llave. Lo difícil, como siempre, es convencer a sus dueños de que abran la puerta.
Hay que controlar siempre los contratos bancarios. Los bancos ni son nuestros amigos ni dejan nunca pasar la posibilidad de lucrarse, y además cada entidad opera a su manera, incluido el responsable de sentarse frente a nosotros a la hora de firmar. Por eso sería bueno que los notarios advirtieran expresamente, en las hipotecas inversas, a dónde puede llevar la capitalización de intereses. Un aviso claro antes de firmar cuesta poco y evita muchos pleitos.
