Y mientras la sociedad civil se organiza, las administraciones europeas miran hacia otro lado, como si esto no fuera con ellas. En España, la Agencia Española de Protección de Datos ha sido informada, junto con el Ministerio de Consumo, la CNMC, la Agencia de Supervisión de la IA, y hasta el Ministerio para la Transformación Digital (nombre grandilocuente donde los haya).
Según datos del Banco de España, más del 60 % de los municipios españoles no tiene ya una sola oficina bancaria, y la situación es aún más grave en las zonas rurales. La concentración bancaria lleva años avanzando, y con cada nuevo paso el acceso a los servicios financieros se convierte en un lujo en lugar de un derecho.
La declaración de San Sebastián abre el camino para otras capitales vascas. Según ha confirmado el propio Departamento de Vivienda, Vitoria-Gasteiz y Bilbao están en proceso de ser declaradas zonas tensionadas, previsiblemente en las próximas semanas.
Muchos de los afectados caen en este tipo de productos por una mezcla de desconocimiento, confianza mal depositada y ambición. Buscan un retorno elevado, sin riesgo y con aportaciones pequeñas. Pero en las finanzas, como en la vida, quien quiere el cielo sin morir, acaba estafado.
La revisión del reglamento europeo no puede ser una puerta abierta a reducir los derechos de los pasajeros, como parece ser el objetivo actual. Todo lo contrario: en una era en la que los vuelos se han democratizado, es necesario garantizar un mínimo de seguridad jurídica, transparencia y protección real para los consumidores.
Los fraudes digitales ya no se limitan al correo electrónico: llegan por SMS, WhatsApp, redes sociales y cualquier canal donde puedan obtener nuestra atención. Lo hemos visto con campañas falsas de Amazon, Correos, bancos… y ahora también con la DGT. La evolución es manifiesta... recordemos las famosas "cartas nigerianas".
Cuando el deudor no puede pagar, no hay margen de negociación. Estas empresas no admiten refinanciaciones ni reestructuraciones razonables. Imponen sus condiciones y, si no se cumplen, acuden a empresas de recobro, algunas de las cuales operan en los límites (o directamente fuera) de la legalidad.
Seamos honestos: si hasta el turista nacional acaba cayendo en la trampa, los visitantes extranjeros directamente no tienen escapatoria. A menudo no dominan el idioma, no saben dónde acudir, y lo último que esperan es que un restaurante en el centro de una ciudad famosa les cobre por el pan, el hielo y hasta por usar el baño.
Uno de los principales fallos del nuevo modelo radica en que no distingue entre los residuos generados por residentes y los producidos por la actividad económica implantada en los barrios. Así, los distritos más turísticos y comerciales —como el centro, Sol, o barrios con fuerte presencia hostelera como Chamberí o Salamanca— pagan las consecuencias del turismo descontrolado y la proliferación de pisos turísticos ilegales.
El principio de las acciones colectivas es claro: permitir que una acción judicial represente a miles o millones de consumidores frente a prácticas abusivas o fraudes empresariales. El problema de este nuevo proyecto de ley es que mercantiliza ese principio, convirtiendo el acceso a la justicia en una opción de negocio.
