La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Holaluz-Clidom SA con 30.000 euros por no recabar el consentimiento de un consumidor en la realización de un contrato. Se trata de una infracción recogida en el artículo 66.4 de la Ley del Sector Eléctrico, que regula los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes.
La aplicación de mensajería WhatsApp ha anunciado que dejará de funcionar en millones de teléfonos móviles a partir de enero de 2020. Así lo ha comunicado la compañía, al indicar que "a partir del 31 de diciembre de 2019, no podrás seguir usando WhatsApp en ningún dispositivo con sistema operativo Windows Phone". La aplicación ya dejó de estar "disponible en Microsoft Store desde el 1 de julio de 2019
Llegan las rebajas, y con el objetivo de que los consumidores puedan aprovechar al máximo este periodo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha elaborado una serie de recomendaciones para tener en cuenta antes de salir de compras. La Organización recuerda que lo más importante es comprar solo lo que realmente se necesita y no renunciar a ningún derecho
El importe de la factura eléctrica para el usuario medio [...]
El gigante del comercio electrónico Amazon aplica su etiqueta Amazon's Choice a algunos productos que no son seguros, están mal etiquetados o incumplen sus propias políticas, según desprende una investigación elaborada por el diario Wall Street Journal (WSJ).
La Guardia Civil comprobó que se trataba de productos que remitían distintas empresas, varias salmantinas y una sevillana, para su corte a cuchillo y posterior envasado en sobres con los anagramas de los proveedores, para recogerlos posteriormente y venderlos al público
Por tercer mes consecutivo el IRPH marca mínimo histórico. Comenzó [...]
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado de [...]
El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Estado a indemnizar a un abogado zaragozano al que el Ayuntamiento de Jaca, en Huesca, cobró más de 2.500 euros del impuesto de plusvalía por la venta de una vivienda en la que, debido a la bajada de precio real del domicilio, perdió dinero.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fallado a favor de la Generalitat y ha determinado que la plataforma de homesharing Airbnb debe cumplir la normativa catalana y dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten de número de inscripción en el Registro de Catalunya, lo que acredita su legalidad como vivienda turística.
