El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha anunciado que tiene previsto llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo su lucha para que sean los bancos quienes deban hacer frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas.
Y ello traerá consecuencias económicas para muchos mercados y una de ellas será el aumento de la morosidad en los créditos, tanto en los ya concedidos, como en los que se concedan para paliar la crisis.
Las hipotecas sobre vivienda registraron un descenso aproximado de 7.000 operaciones, pasando de superar ampliamente las 31.000 operaciones en julio del año pasado a las más de 24.000 en el mismo mes de 2020.
El mes de abril marcó su mínimo histórico con solo 9 millones en licitaciones, y pese a que el importe licitado se ha ido incrementando -en marzo fue de 87 millones y en junio rebasó los 100 millones- desde el estado de alarma encadena una caída del 90%
La cuantía media de los tipos de interés de contratación inicial de los nuevos créditos hipotecarios ha sido del 2,2%, descendiendo 0,06 puntos porcentuales con respecto al trimestre precedente.
El índice al que se referencia la gran mayoría de las hipotecas en España vuelve a caer por tercer mes consecutivo, después de haber encaminado una racha alcista de tres meses
La firma de hipotecas volvió a caer en el mes de junio, aunque menos que en los meses anteriores. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística el número de hipotecas constituidas sobre viviendas fue de 26.748, un 12,7% menos que en junio de 2019. El importe medio es de 131.670 euros, con un incremento del 7,5%.
Los motivos que subyacen están relacionados con la coyuntura que vive el país: el 62% admite miedo a la situación económica y el 17%, haber visto disminuidos sus ingresos
El Banco de España ha impuesto una sanción de 5,2 millones de euros a Bankinter por la comisión de una infracción grave relacionada con la protección del cliente financiero
Continuará la prohibición de suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda. No se podrán realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.
