La deducción por compra de vivienda habitual fue durante años una de las ventajas fiscales más utilizadas por los propietarios en España. La ayuda permitía deducirse un 15% de las cantidades destinadas a la adquisición de la vivienda habitual sobre una base máxima de 9.040 euros anuales, lo que suponía un ahorro de hasta 1.356 euros en el IRPF.
El mercado del arrendamiento lleva creciendo al 10% anual desde 2023 y no da señales de moderarse. El 78% de los expertos internos y la totalidad de los externos coinciden en que los alquileres en Madrid y Barcelona han alcanzado —o se acercan peligrosamente— al límite de la capacidad de pago de los hogares. España ya registra el mayor nivel de sobreesfuerzo residencial entre las grandes economías europeas, según el Banco de España.
El porfolio de Testa Residencial no está repartido por toda la geografía española sino concentrado de forma muy deliberada en los mercados donde el alquiler residencial tiene mayor demanda y, por tanto, mayor capacidad de generar rentas altas. La Comunidad de Madrid acapara la parte más sustancial de los activos, pero la socimi tiene también presencia en San Sebastián, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, todas ellas plazas donde la tensión del mercado del alquiler es estructural y donde los precios han seguido subiendo con independencia del ciclo económico general.
La producción residencial sigue siendo insuficiente para corregir el déficit acumulado, y no hay señales de que vaya a acelerarse de forma significativa a corto plazo. No basta con producir más vivienda, hay que construirla donde hace falta, para quien la necesita y con un modelo urbano que funcione, concluye Sousa. Una observación impecable que, sin embargo, choca con la realidad de un sector que construye donde le resulta rentable y para quien puede pagar.
A los problemas derivados de la guerra se suma otra tendencia preocupante que el sector arrastra de forma independiente pero simultánea: el incremento de la delincuencia en las obras.
En su sentencia, el Supremo concluye que el Estado no se ha limitado a fijar unas bases o medidas de coordinación, sino que ha establecido "una regulación pormenorizada" del procedimiento: la documentación exigida, la forma de presentación, la asignación automática de un número de registro por parte del registrador, el trámite de calificación, los efectos de la inscripción y las consecuencias de su ausencia. Todo ello, a juicio del tribunal, excede con creces lo que la Constitución permite al Estado en materia de planificación económica.
El nuevo Plan movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden ya a la anualidad de 2026. Para hacerse una idea de la magnitud, es el triple de lo que contemplaba el plan anterior. El modelo de financiación funciona por corresponsabilidad: el Gobierno central aporta el 60% y las comunidades autónomas corren con el 40% restante, lo que en la práctica significa que ninguna región puede limitarse a cobrar el cheque sin poner algo de su parte.
Presentar una simple línea de crédito como si fuera un producto revolving permite a la entidad comparar su interés con el índice de las tarjetas de crédito —históricamente muy elevado— en lugar de con el de las líneas de crédito convencionales, que es bastante más bajo.
La campaña no se dirige a un perfil único. Hipoges apunta explícitamente a tres tipos de comprador: quien busca una primera vivienda a un precio que no implique vivir a dos horas de su trabajo, quien quiere una segunda residencia en costa o interior, y quien evalúa el inmueble como vehículo de inversión con potencial de revalorización.
En conjunto, abril ofrece un panorama mixto: un tropiezo en la creación de nuevas sociedades que no conviene magnificar pero tampoco ignorar, y un comportamiento sólido en las ampliaciones de capital que sugiere que las empresas con trayectoria siguen apostando por el crecimiento. La clave estará en si el dato de abril marca un suelo puntual o el inicio de una corrección más prolongada.
