Desde el lado de los consumidores, la valoración es de cauteloso apoyo. CECU celebra la propuesta como "un paso más" para facilitar el acceso a la vivienda, aunque insiste en que necesita ir acompañada de un sistema de vigilancia real para que las restricciones al alquiler turístico o a la compra por no residentes no acaben burlándose por la vía de hecho.
Más allá del ahorro puntual de cada edición, la OCU lleva años ejerciendo una labor de asesoramiento energético que merece reconocimiento: ayuda a elegir la potencia contratada más ajustada a cada vivienda, da visibilidad al bono social eléctrico —una herramienta que muchos hogares con derecho a él ni siquiera conocen— y compara tarifas tanto del mercado libre como del regulado.
Mientras se espera esa reacción política, hay margen de maniobra individual, aunque sea limitado. FACUA calcula que los consumidores domésticos españoles pagan cerca de mil millones de euros de más cada año solo por tener contratada más potencia de la que realmente necesitan, así que revisar y ajustar la potencia contratada es, probablemente, la medida más sencilla y con mayor impacto inmediato en la factura.
Lo que más debería preocupar, y FACUA lo señala con acierto, es a quién afecta especialmente esta práctica: personas mayores, herederos que gestionan un trámite puntual, compradores ocasionales de vivienda, usuarios con poca destreza digital. Es precisamente el perfil menos equipado para detectar la trampa y menos propenso a comparar alternativas antes de pagar.
España cuenta ya con más de 13.500 puntos de recarga y unos 45.000 conectores, pero solo unos 4.000 ofrecen la potencia mínima de 50 kW necesaria para viajar con garantías. Según un análisis reciente de la OCU sobre la red básica de carreteras, únicamente la A-62 cumple los estándares europeos; en el resto persisten distancias excesivas entre cargadores, potencias insuficientes o equipos averiados, con puntos especialmente débiles en peajes como la AP-68 o la AP-9.
El Gobierno tiene previsto ampliar en septiembre la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos hasta los 20 céntimos por litro, muy por encima de los 5 céntimos que se habían planteado inicialmente. La medida se activa porque la subida del gasóleo superó el mes pasado el 15% que marca la cláusula que dispara este mecanismo de contención fiscal.
Más allá del capítulo energético, el decreto introduce una modificación relevante en la gestión de los fondos europeos. Se flexibiliza el calendario del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitiendo que aquellos hitos ya cumplidos, pero cuyas inversiones asociadas no se hayan completado, puedan ejecutarse más allá de la fecha límite fijada a finales de agosto.
Entre los fraudes más frecuentes destaca el alquiler vacacional fantasma. El procedimiento resulta sencillo pero enormemente eficaz. Los delincuentes publican anuncios de apartamentos o chalés espectaculares utilizando fotografías robadas de anuncios auténticos y ofreciendo precios muy inferiores a los habituales.
La Unión Europea considera que existe una evidente asimetría entre la facilidad para comprar y la dificultad para cancelar, algo que perjudica a los consumidores y genera inseguridad jurídica. Por ello, la nueva regulación introduce la obligación de incorporar una función digital específica que permita ejercer el desistimiento de forma rápida y transparente.
Los ciberdelincuentes se hacen pasar por la Agencia Tributaria para intentar hacerse con los datos personales y bancarios de los contribuyentes en uno de los momentos del año en que más receptivos están a recibir comunicaciones de Hacienda.
