el Tribunal Supremo y otras altas instancias judiciales de nuestro país han terminado por convencernos que son uno de los límites a nuestra democracia. Que la Justicia y sus leyes, que debieran protegernos de los abusos, sólo van en un sentido y que la banca y sus intereses son su única preocupación pudiendo torcer y retorcer las leyes a su conveniencia.
La AEPD ha impuesto a la entidad bancaria una multa de 4 millones por "una infracción del artículo 6 del RGPD, tipificada en el artículo 83.5.a) y calificada como muy grave" y otra de 2 millones por "una infracción de los artículos 13 y 14 del RGPD, tipificada en el artículo 83.5.b) y calificada como leve".
En una actuación más contra la usura practicada por la banca española en muchos de sus productos y préstamos, el JPI 5 de Benidorm ha declarado la nulidad de una tarjeta revolving suscrita con Carrefour en el año 2011 debido a su carácter usurario.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado a Banco Sabadell con dos millones de euros por deficiencias en la valoración de la información recibida al evaluar la conveniencia de determinados clientes en el marco de la comercialización de productos financieros
En España la banca es un rebaño de vacas sagradas, que ha conseguido ligar sus beneficios y derechos para esquilmar a los consumidores, a nuestra viabilidad como país. Cualquier disgusto que se propine a las entidades financieras es casi un ataque a España. Pero esto no sucede en otros países, ni tan siquiera en la madre de la estructura capitalista, Inglaterra.
El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha cumplido su promesa y continúa con la batalla legal por el impuesto a las hipotecas que emprendió en 2018 y lo lleva a Europa. La Empresa Municipal de la Vivienda de la localidad ha presentado un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo contra la decisión del Tribunal Supremo de autoenmendarse a sí mismo y ordenar que sean los clientes, y no los bancos, quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
El procedimiento continúa en marcha y una buena prueba es la noticia de Confilegal adelantando que la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia de Arriaga Asociados contra el Estado español. En la misma, Arriaga denuncia el «incumplimiento» de la normativa europea en materia de defensa de los consumidores y usuarios, tras las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo (TS) el pasado 12 de noviembre sobre la falta de transparencia y abusividad de la cláusula del tipo de interés IRPH; las sentencias número 595, 596, 597 y 598. Así, los servicios de la Comisión examinarán la demanda a la luz del Derecho de la Unión Europea.
Los abusos de la banca a los consumidores son [...]
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que la mayoría de los grandes bancos han aumentado las comisiones de sus cuentas corrientes o bien han endurecido las condiciones para su eliminación, que ahora van mucho más allá de tener la nómina domiciliada.
Que las vacas gordas terminaron para la banca es [...]
