El Gobierno de Navarra ha optado por desarrollar la ampliación por fases, garantizando que las dotaciones y los servicios «se acompasen con las nuevas viviendas». Es la forma más responsable de acometer un proyecto de esta envergadura, y demuestra que se ha aprendido de la experiencia acumulada en otros desarrollos urbanísticos.
Los costes hipotecarios siguen al alza y encarecen tanto la compra para el usuario final como la financiación de las propias promotoras, en un momento en el que ya no se vende la obra nueva con la alegría de las últimas campañas.
La energía es uno de los componentes con más peso en la cesta de la compra y su encarecimiento se traslada, tarde o temprano, al resto de precios: transporte, alimentación, producción industrial. No es casualidad que la inflación de agosto se disparara hasta el 4,3%, un dato que obligó al Banco Central Europeo a subir un cuarto de punto los tipos de interés para intentar contener una escalada de precios que, en buena medida, lleva sello energético.
El Estado aporta el suelo, que ya es de titularidad pública, y añade una inyección económica adicional para que empresas y fondos privados se encarguen de levantar, mantener y gestionar los edificios. A cambio, el adjudicatario se compromete a alquilar esas viviendas a precios limitados durante 50 años, transcurridos los cuales el inmueble vuelve al Estado.
No se trata de cerrar Canarias a nadie, sino de dejar de tratar la vivienda como un activo financiero más cuando para miles de familias isleñas es, sencillamente, el sitio donde viven. Que Bruselas empiece a moverse en esa dirección no es una casualidad: es la confirmación de que el problema que Canarias lleva señalando desde hace tiempo se extiende por Europa y ya no se puede seguir mirando hacia otro lado.
El IRAV frena la sangría, pero no cura la enfermedad: la vivienda en España sigue siendo, para una parte cada vez mayor de la población, un gasto que crece más rápido que el sueldo, se mida como se mida.
La vivienda de segunda mano crece hoy porcentualmente más deprisa que la obra nueva, y no por casualidad. El diferencial de precio entre ambos segmentos sigue siendo muy amplio, y ese propio diferencial actúa como motor: al quedar la vivienda nueva fuera del alcance de una parte creciente de la demanda, esta se desplaza hacia el mercado de segunda mano, que absorbe la presión y se revaloriza a un ritmo superior.
Las agencias y promotoras deberán nombrar un director de cumplimiento normativo, que además tendrá que formar parte del órgano de dirección, y un responsable de cumplimiento que actúe como interlocutor ante la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), que sustituye al Sepblac como referencia del sistema.
El proyecto movilizará una inversión total cercana a los 49,7 millones de euros, de la que el préstamo del ICO cubre algo menos de dos tercios. La promoción se levantará en Santa María de Benquerencia, un barrio con una demanda de vivienda protegida notablemente superior a la oferta disponible, y contemplará la construcción de cuatro bloques residenciales
La comparación con el alquiler de una vivienda completa también revela diferencias notables. Compartir entre tres personas un piso de 80 metros cuadrados suele salir bastante más barato que alquilar una habitación suelta: el coste oscila entre unos 347 y 938 euros mensuales por persona, según el barrio elegido.
